Perspectiva de investigadores de la Udelar y asociación civil de la gestión de las costas: «Entender la naturaleza de la que formamos parte»
Más de 100 organizaciones nucleadas en la Red Unión de la Costa (RUC) manifestaron su rechazo al proyecto de extensión de la rambla de Montevideo hasta el balneario Jaureguiberry y un grupo de docentes de la Udelar especialistas en la temática elaboró un informe con fecha 12 de agosto, en el que plantean argumentos en contra de la propuesta, documento que se envió al intendente de Canelones, Francisco Legnani.
Los académicos y académicas de la Udelar que redactaron el informe con advertencias sobre los impactos que podría generar una rambla continua son Juan Ceretta y José Sciandro, doctores en Derecho y Ciencias Sociales que se han especializado en la defensa de los derechos humanos y ambientales; Omar Defeo, doctor e investigador del Laboratorio de Ciencias del Mar y director del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Facultad de Ciencias; Isabel Gadino, arquitecta, magíster en ciencias ambientales y doctora en ordenamiento territorial e investigadora especializada en el estudio de impactos del desarrollo urbano costero; Pablo Ligrone, arquitecto, doctor en geografía y director del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, la magíster en ciencias ambientales y doctora en gestión del agua Ofelia Gutiérrez y el ingeniero agrónomo y doctor Daniel Panario, investigadores y docentes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias.
Para conocer más acerca de la perspectiva de los investigadores en cuanto a los impactos que podría causar esta construcción el Portal dialogó con el profesor titular Daniel Panario.
«Una propuesta obsoleta»
En lo que tiene que ver con el origen y contenido del proyecto de extensión de la rambla de Montevideo a la costa canaria, Panario explicó que la obra fue propuesta por una empresa constructora al gobierno de Canelones. Aclaró que el proyecto aún se encuentra «a sobre cerrado», porque no fue estudiado por las autoridades departamentales. Por tanto, la única información con la que cuentan los investigadores es la que el intendente brindó a la prensa acerca de la existencia de este proyecto y su intención de llevarlo a cabo. A raíz de esta falta de información los investigadores solicitaron en julio, una reunión al intendente que finalmente se realizó el 22 de agosto.
Señaló que la oposición de la academia y la Red Unión de la Costa al proyecto se basa fundamentalmente en que «la propuesta de ramblas es ya obsoleta desde el punto de vista técnico y científico, nunca funcionaron bien, es necesario permitir a los sistemas naturales que fluctúen porque es así como se comportan y ajustan a que el mar está subiendo en el orden de 3,4 mm por año y este crecimiento se acelera; pensar en una rambla es una locura». Añadió que este tipo de construcciones se planteaba muchos años atrás, cuando se creía que el clima y el mar tenían un comportamiento estable, «lo que a pesar de todo no era suficiente porque tuvimos por ejemplo la experiencia de Piriápolis, donde a pesar de que el mar en esa época no subía, igual la rambla dejó sin playa al balneario». Citó como otro ejemplo lo que sucedió en el balneario Las Vegas, donde se realizó una obra similar a la que se propone y en este caso, se derrumbó no sólo la rambla sino también un enorme fragmento más y se formó una barranca que impide pasar caminando por delante de las casas.
A los impactos ambientales y en la vida de las personas que habitan las costas donde se proponen estas construcciones, se suma el alto costo que insume a las intendencias el mantenimiento de estas estructuras. «Cuando asumió [Marcos] Carámbula como intendente de Canelones, limpiar la arena que estaba arriba de la rambla “cortada” en Parque del Plata, le costó al organismo decenas de miles de dólares, y sigue saliendo carísimo porque no se ha llevado adelante una estrategia para evitar que esto siga sucediendo, en realidad lo que hay que parar son las ramblas», añadió. «Porque eso es estar peleando permanentemente contra la duna, contra la libertad que requiere el sistema costero que tiene unos niveles de energía brutales, toda la energía que el viento le entrega al mar se disipa en un pedacito minúsculo de tierra, con lo cual es un ambiente absolutamente inestable. Entonces, cuidémoslo y manejémoslo acorde a lo que es. No se puede vencer al mar, a la naturaleza no se la vence, se la entiende y entendiéndola, uno forma parte de ella y puede manejarla al menos un poco, con mucho respeto, cariño y dedicación».
Acotó que otro argumento de oposición se vincula con el ordenamiento territorial, que tiene implicancias legales. En este sentido señaló que la Constitución de la República establece en el artículo 47 que los temas ambientales «son de interés general», por lo tanto ya está considerada en la Constitución la preservación del ambiente y luego en la Ley Nº 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. No obstante en este último caso, existe la posibilidad de recurrir al mecanismo de excepción a la hora de proponer obras que afecten el ambiente contraviniendo el ordenamiento territorial costero. Algunas intendencias, como la de Maldonado bajo el gobierno de Enrique Antía, han utilizado frecuentemente este mecanismo. «En una de esas ocasiones las organizaciones sociales y técnicos fueron quienes lograron frenar la iniciativa de una empresa de construir apartamentos en toda la Punta Ballena. Pero esto nos obliga a estar permanentemente peleando y además, otro inconveniente, es que muchas veces los empresarios están dispuestos a pagar la multa porque es más barata que las ganancias que recibirán con el negocio, como ocurrió con el aeropuerto que construyeron en el humedal del Arroyo Maldonado; los multaron, pero no les importó para nada, el aeropuerto ya estaba hecho». Panario entiende que las multas deberían ser confiscatorias, «si me ponen una multa que vale lo mismo que el terreno, entonces me cuido».
Sostuvo que «no es un perjuicio para el ambiente conectar algunos balnearios con puentecitos de madera para peatones o con senderos de bicicletas por los bordes, en los lugares donde hay borde, porque hay algunos sitios como el balneario Las Vegas donde este ha desaparecido, las casas están por caerse al agua. Lo que es un disparate es construir puentes a través de desembocaduras de arroyos como lo que se propondría para el Solís Chico o el Pando, porque los arroyos cambian el lugar de la desembocadura de un día para el otro».
El factor económico y político
Destacó que, por otra parte, la incorrecta gestión de las costas también acarrea perjuicios de índole económico a los gobiernos. En el caso del balneario Las Vegas, el Estado se vio obligado a expropiar algunas de las casas que estaban por caerse, porque sus propietarios le entablaron un juicio por no defender la rambla. Esto es posible porque la normativa vigente establece que una vez que se realiza este tipo de construcciones, el Estado tiene obligación de defenderla o de lo contrario expropiar a la persona damnificada.
En la Udelar, la articulación entre la academia y la sociedad es una misión institucional desde la aprobación de su Ley orgánica en 1958, ya que su artículo 2 establece que una de las responsabilidades de la Universidad es «propender a la comprensión pública de los temas de interés general». En cuanto a si en la actualidad aporta todo el conocimiento que la sociedad necesita en esta temática, el investigador reconoció que no. «Tenemos ideas, pero en la costa nos falta por ejemplo algún economista para discutir estos temas, porque lamentablemente, a veces hay que hacerlo en términos de números».
Luego de finalizada la reunión que mantuvieron el 22 de agosto representantes de la Red Unión de la Costa, entre ellos Carmen Ghan, vecina del balneario Guazubirá y una de las coordinadoras de la Red y especialistas en la temática ambiental, con el intendente Legnani y otras autoridades de la Intendencia de Canelones, la organización elaboró un documento en el que informa los resultados de este encuentro: la RUC manifiesta que en la instancia se expuso a las autoridades departamentales «con claridad las amenazas que enfrenta el sistema costero y los riesgos de continuar habilitando o promoviendo desarrollos sobre la costa, sin una planificación integral y participativa previa».
Asimismo señalan que en el encuentro el Intendente informó que «actualmente no existe un proyecto impulsado por la Intendencia de Canelones para la construcción de una rambla. Sí existe un planteo presentado por un privado en el marco de la Ley 17.555 (2002), que se encuentra en etapa de análisis, con un plazo de 90 días para expedirse. En relación con este proceso, el Intendente aseguró que cualquier decisión se adoptará respetando la normativa vigente y que se dará participación a las comunidades y a la academia. También aclaró que, dentro de las prioridades de la Intendencia, este proyecto no se encuentra entre los temas centrales de su gestión».
No obstante añaden que previamente a la reunión con la RUC, el Intendente mantuvo una reunión con los diputados por Canelones donde, según informa el portal web de la Intendencia, se trataron temas referidos «a propuestas que el intendente Legnani ya ha definido como objetivos para el quinquenio, como ampliar la red de saneamiento a Atlántida, para mayor desarrollo como polo turístico, mejorar el transporte en las arterias del área metropolitana y avanzar en la construcción de una rambla y paseo costero en Ciudad de la Costa y Costa de Oro».
Concluyen el informe expresando que «la RUC continuará monitoreando de cerca la situación y las inconsistencias que surgen de las distintas declaraciones, y reafirma su disposición al diálogo institucional, siempre desde una posición firme en defensa del patrimonio natural y social de la costa».