Rol de investigadores de la Udelar y asociación civil en temáticas ambientales: «participar y no reaccionar»

Panario recordó que la iniciativa de la extensión de la rambla surge a través de un mecanismo que existe en Uruguay por el cual cualquier empresa puede plantear a las autoridades una propuesta de obra y el gobierno nacional o departamental tiene que definir si la acepta o la rechaza, o si la modifica. «Es un sistema bastante perverso, porque los vecinos quisieran participar en las propuestas que los involucran y no estar permanentemente respondiendo a proyectos presentados por las empresas, negocios muy interesantes para ellas pero no para el país, como el de Arazati - Neptuno, que si no fuera porque se dejó sin efecto luego de un largo período de resistencia de las organizaciones sociales, hubiera dado a la población metropolitana, agua de muy mala calidad», resaltó el investigador.

Estrategias con buenos resultados

El investigador explicó que existen técnicas para abordar las problemáticas de las playas, alternativas a la construcción de las ramblas y que dan buenos resultados, pero aclaró que en cada caso es necesario adaptar estas estrategias a las características particulares de las costas. Una de las iniciativas de los investigadores para atender el problema de las costas es reconstruir lo que llaman duna primaria, formaciones de arena en la costa que tienen la capacidad de amortiguar las tormentas. «Es la duna, no hay otra cosa, porque si construyes un muro, si el mar encuentra una barranca, un empedrado, refleja la energía de vuelta hacia atrás y se lleva la arena de la playa, esas playas quedan destrozadas», afirmó. A esto se suma la plantación especies nativas que actúan como constructoras y protectoras, de estas dunas.

Otra estrategia que utilizaron en estos casos y que comprobaron que es muy importante, es desviar las aguas que van a las playas a través de caños o pequeños canales, algo equivalente al saneamiento separador, para disminuir la erosión de las costas. En este sentido señaló que un efecto de la sequía de los últimos años fue que la mayoría de las playas se recuperaron, a excepción de algunos casos minoritarios de playas que se encuentran muy degradadas como Solís. «Esto fue lo que hicimos por ejemplo en Cabo Polonio, donde sacamos las aguas de escurrimiento por la punta de piedras a través de un camino rebajado repoblado con césped nativo de la zona, que no está habilitado para la circulación de vehículos y no modifica el paisaje, que recuperó la playa», recordó.

En este sentido ya en 2002 trabajó junto a otros docentes en la búsqueda de soluciones a la problemática del arroyo Pando, a pedido del intendente de Canelones, Tabaré Hackenbruch y en Montevideo también a partir de una solicitud de la intendencia, hicieron un trabajo similar, en ambos casos con muy buenos resultados. «En el arroyo Pando logramos que la playa dejara de retroceder tan rápidamente, a razón de cuatro metros y medio por año».

Por otra parte en Montevideo, donde la Intendencia gastaba muchísimo dinero en retirar la arena de la rambla, consiguieron evitar la pérdida de arena que insumía tantos fondos anuales a la comuna capitalina», explicó. «La propuesta de cuidado de las playas en Montevideo, así como las soluciones aplicadas fue una iniciativa de los funcionarios de carrera y en términos generales se mantiene», acotó. Recordó que para ese trabajo la intendencia les aportó a los docentes de Udelar alrededor de U$S 10.000 para realizar toda la investigación, la misma cifra que la comuna ahorra por semana, por los gastos de limpieza que asumía y para evitar además, que se obstruyeran los caños por la arena que pasaba a la rambla.

En el interior del país se dan otros problemas vinculados a este tema, frecuentemente se registran episodios de contaminación. En esas situaciones suele suceder por ejemplo que las autoridades hagan público que se derramaron 40 litros de petróleo y como los poderes ejecutivos han mentido tanto históricamente, ya la gente no les cree. «La Universidad es la única que creo todavía hoy es creíble, por eso pienso que tenemos que orquestar una propuesta, que no podemos realizar nosotros solos, porque para que funcione tiene que instrumentarse en el marco de un acuerdo con el gobierno, con el Ministerio de Ambiente», afirmó.

Entienden que una forma de canalizar la participación técnica en las políticas públicas enfocadas en la temática ambiental podría ser la creación de un laboratorio móvil a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y las facultades de Química, de Ciencias, de Ingeniería, así como de otros servicios de la Udelar. Este laboratorio tendría la función de muestrear, observar, medir y analizar en los lugares donde sucedan hechos como estos, para poder brindar información científica al Poder Ejecutivo en la que basarse a la hora de comunicar, y de sancionar a las empresas causantes del perjuicios ambientales. «Una de las cosas a las que aspiramos, es que un laboratorio móvil con respaldo de laboratorios de las sedes universitarias, se vuelva permanente, atraviese los gobiernos y se vuelva una política de Estado y creo que eso en este momento de la vida del país es muy posible».

El costo de no observar, no escuchar a la sociedad civil ni a los técnicos

Entiende que el problema de fondo cuando se plantean obras como ésta para las costas es que «no existen entre quienes las proponen desde el Estado, autoridades que recorran la costa y que miren, no se puede recuperar la rambla donde ya no existe, como en el caso de la desembocadura del arroyo Pando donde en 2002 se había perdido una manzana entera antes que se construyera la rambla por la velocidad a que venía retrocediendo la playa».

Señaló que para una persona que no conoce del tema, estos problemas pasan desapercibidos y su perspectiva de la costa es un espacio de arena «lindo» y apropiado para la recreación. Añadió, que no obstante esta percepción es errónea, «la costa no es un espacio para que circulen vehículos libremente, sino un ecosistema con aves que anidan, peces que se acercan a alimentarse, moluscos y otros invertebrados que hacen a la salud del ambiente y que no toleran luces nocturnas, ruidos y vibraciones en lo que es el corredor biológico de propiedad pública, más importante del país», expresó. Explicó que las comunidades costeras que habitan estas zonas, construyeron vínculos con el ambiente y entre sus integrantes, «no estamos para que nos pase por al lado un auto a 100 km por hora, la gente quiere que sus niños crucen a la playa sin problema».

Añadió que recientemente las asociaciones civiles y los técnicos estuvieron reunidos con el Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y le plantearon: «no queremos ser reactivos sino proactivos, queremos construir un vínculo con las autoridades, participar de la discusión acerca de las medidas para solucionar estas problemáticas de la costa, que nos consulten, podría ser a través de las alcaldías», recordó. En ese sentido señaló: «la gente tiene ideas para aplicar acerca de qué es lo que quiere hacer con los lugares donde vive, claro que hay otras decisiones que son políticas de nivel país, pero el ordenamiento territorial tiene diferentes escalas, nacional, y local, tratemos de respetarlo, de que sea una actividad participativa», reflexionó.

No obstante, aclaró que lo que plantean es una participación real a nivel territorial y no la que se da en algunos espacios en los que los vecinos, aunque pueden escuchar y participar emitiendo sus opiniones, estas finalmente no llegan a las autoridades que diseñan las políticas como viene ocurriendo en lo comités de cuencas o en muchas audiencias públicas.