Primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescencias: mesa redonda «Actualidad y desafíos de la Justicia Penal Juvenil». 

El Primer Congreso de Infancias y Adolescencias, que llevó la consigna «Entre los derechos y los hechos. Encrucijadas y desafíos del Uruguay actual», abordó seis ejes que atraviesan la temática: pobreza, salud, educación, derecho, participación y violencias. Una de las mesas redondas del eje derecho se tituló: «Actualidad y desafíos de la Justicia Penal Juvenil». En el intercambio participaron: los docentes de Facultad de Derecho de la Udelar, Ivone Martínez, Luis Eduardo Morás, Daniel Diaz; la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Andrea Venosa, y la activista social y de derechos humanos, Paula Aintablian.

Evolución de las medidas de justicia restaurativa en Uruguay

Martínez destacó que hace más de 30 años no sólo en Uruguay sino también en toda América Latina, en países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, se desarrollaron procesos que se basaron en un paradigma diferente al punitivista como es la justicia restaurativa, que apunta a devolver el conflicto a las partes para encontrar una solución. Recordó que en Uruguay en los años 90 ya se había instrumentado el programa de medidas alternativas a la privación de libertad, mucho antes que el Código Penal las habilitara y se podían encontrar experiencias de este tipo como mediación penal adolescente, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida y libertad vigilada con enfoque restaurativo. 

Todas estas experiencias desembocaron en la aprobación en 2004 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), ley que regula el comportamiento de los adolescentes ante la ley penal y que establece como una de sus cláusulas que la privación de libertad sólo será empleada como último recurso y por el menor período de tiempo que proceda. Además,  del artículo 80 al 88, esta Ley habilitaba experiencias de justicia restaurativa, al establecer las Medidas socioeducativas no privativas de libertad o  Medidas sustitutivas. 

Destacó asimismo la creación en 2011 en carácter transitorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que introduce «una especialización tan necesaria en esta materia». Este sistema propone como visión un enfoque integral y basado en el paradigma de la justicia restaurativa. Además todos los programas en sus planificaciones anuales tenían que incluir el tema de cómo iban a promover y desarrollar este enfoque restaurativo. En el período de 2005 a 2011 se desarrollaron tres áreas de intervención donde la Justicia Restaurativa se constituyó en una realidad, una de estas áreas se vinculó con medidas socioeducativas dispuestas por el Poder Judicial, otra con las prácticas restaurativas, y la tercera con una práctica curativa que contribuyó a la desjudicialización de los conflictos como por ejemplo los problemas entre bandas, en los que en lugar de llegar a la instancia judicial se abordan a través de una mediación comunitaria. Añadió que  la evaluación de estas medidas dejó ver que se registraba una menor reincidencia  entre los adolescentes no obstante aclaró que hasta el 2014 las medidas privativas de libertad fueron las más utilizadas y recién ese año el porcentaje de medidas no privativas de libertad alcanzó a las de reclusión. «Nos llevó 10 años concretar la norma en la realidad», apuntó.

Desafíos

Martínez entiende que el primer desafío que se presenta en la actualidad en materia penal adolescente se vincula con el artículo 83 del CNA (Vías alternativas a la solución del conflicto), que introdujo una perspectiva importante y se fue perdiendo en el camino. Este artículo establece que «en toda conclusión extraordinaria del proceso que signifique la aplicación de los institutos previstos por los artículos 382 a 401 del Código del Proceso Penal, se deberá valorar el sentido pedagógico y educativo de la vía propuesta». Su importancia radica también en que habilitaba a que en cualquier etapa del proceso se pudiera derivar a mediación penal, que involucra tanto medidas no privativas como privación de libertad. 

Añadió que otro de los desafíos para Uruguay es contar con una ley de justicia restaurativa, algo para lo que entiende que el país ya está preparado. Señaló que la fiscalía debería iniciar su accionar en materia de justicia penal adolescente con un proceso alternativo y solo usar las medidas de privación de libertad en caso de que fuera estrictamente necesario. «No duden de que esta es la forma más pedagógica de ejercer justicia para el caso de las adolescencias», expresó.

Niños, niñas y adolescentes bajo múltiples violencias

Morás por su parte abordó el tema de la violencia a la que están sometidos niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Señaló que se pueden identificar tres planos de la violencia, la violencia material, la violencia simbólica y la violencia institucional.

Explicó que los tres planos se encuentran estrechamente relacionados. En la base se ubica una violencia material que adquiere singulares características en Uruguay, un país que puede ser considerado por sus indicadores económicos como de desarrollo medio alto, pero cuando se mira la situación de la infancia se ve que la profundidad y persistencia de los procesos de exclusión son particularmente graves –justamente- en un continente que se caracteriza por la importante dimensión de las desigualdades presentes. «Las series temporales de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muestran la singularidad del país en indicadores que miden la magnitud de las asimetrías generacionales en términos de pobreza, de las condiciones de la vivienda y del acceso diferencial al mercado de trabajo, entre otras dimensiones relevantes del bienestar social», afirmó. 

Morás acotó que la infantilización de la pobreza en Uruguay no es un problema reciente, se arrastra al menos desde los diagnósticos realizados por el equipo encabezado por Juan Pablo Terra con datos de los años setenta del pasado siglo. «A esa violencia material, se suman procesos que podemos catalogar como una construcción simbólica que intenta negar o disimular la presencia y magnitud del fenómeno, ya sea individualizando la problemática al alojar en las propias víctimas la responsabilidad por la situación en la cuales se encuentran o bien visualizando interpretaciones negacionistas del problema», sostuvo. Añadió algunos ejemplos: a pesar de los indicadores que muestran la abismal brecha entre los niveles de vida de niños menores de cinco años respecto a adultos mayores, los datos de la Encuesta Continua de Hogares muestran que la sociedad percibe que son éstos últimos quienes más padecerían la pobreza. «Los importantes y persistentes obstáculos estructurales para acceder a una inserción laboral o una primera experiencia de empleo entre los más jóvenes, son omitidas y se convierten en un producto comunicativo que destaca la falta de actitudes o la pérdida del valor del trabajo entre los propios sujetos que padecen la exclusión», expresó.

En cuanto a la violencia institucional, señaló que se registra sistemáticamente y se ejerce con particular agudeza sobre los más jóvenes que habitan territorios donde se concentran los peores indicadores socioeconómicos. «Es una violencia institucional que imbricada con la faceta material y comunicacional pierde sustancia y termina asumiéndose como un fenómeno natural o si se quiere inevitable de los estilos de vida desarrollados en contextos caracterizados por la violencia», indicó. Entiende que un ejemplo que ilustra este proceso y afecta profundamente a las infancias y adolescencias es el incremento de la violencia homicida; alojada en territorios específicos y actuadas por jóvenes geográficamente cercanos. «Habitualmente presentadas por los medios de comunicación como manifestaciones del crimen organizado, destacando su presunta motivación por conflictos entre criminales y/o ajustes de cuenta, protagonizadas por personas con antecedentes penales, se pierde de vista que estos episodios involucran personas que experimentaron múltiples vulneraciones de derechos previos, como ser el no acceso a mínimas condiciones de vida que habilitaran en su infancia su desarrollo bio-psico-social; y en su adolescencia el acceso a oportunidades educativas o de empleo», afirmó. Añadió que la trágica culminación de esta trayectoria se produce cuando esa muerte es calificada como una página más de la violencia actuada por el llamado crimen organizado, «ignorando que víctimas y victimarios muy probablemente suman a la vulneración de derechos originaria nuevas manifestaciones de una violencia institucional que en determinados territorios no logra hacer justicia alimentando la espiral de “ajustes de cuenta” sin esclarecimiento con víctimas que presumiblemente no fueron rehabilitadas».

Caminos de salida

Morás entiende que los tres planos de manifestación de las violencias deben ser comprendidos, «evidentemente en primer lugar se necesita una fuerte inversión social en políticas de atención a la primera infancia, hacer un decidido esfuerzo por retener a los adolescentes en el sistema educativo al tiempo que se multiplican las oportunidades de primera experiencia laboral ya que el discurso meritocrático de la educación debe ser acompañado de expresiones muy visibles de compensación rápida en el mercado laboral». Añadió que a su vez, el enfoque debería apostar a la interseccionalidad, adoptando una perspectiva «integral, multidisciplinaria y multiagencial», que aborde los problemas desde la realidad específica de las generaciones, las relaciones de género y el aspecto territorial, con sus diferentes dimensiones. «Podríamos, en definitiva, sostener la urgente necesidad de pensar en megaoperativos de integración social, de construcción de ciudadanía, aplicando una perspectiva y un lenguaje comunicacional que la opinión pública aceptó cuando se trataba de intervenciones policiales», reflexionó.

«Se podría decir que en varios planos existe un considerable acuerdo entre múltiples actores; quizás lo que resulta menos evidente es el aspecto comunicacional, en este sentido el mayor desafío es lograr reconstruir un mensaje de empatía que alimente la solidaridad y el compromiso de los diferentes sectores de la sociedad con las infancias y adolescencias que habitan territorios que viven proceso de exclusión largamente gestados», concluyó. Morás