Violencia de género a manos del Estado: ex presas políticas esperan justicia
Al comenzar el evento se presentó un audiovisual donde integrantes del colectivo de ex presas políticas ofrecen testimonios acerca de sus experiencias dentro de la cárcel y sobre cómo estas fueron procesadas por ellas, por la justicia y por la sociedad en los años posteriores. Flor de María Meza, integrante de la Cátedra UNESCO de DDHH, dio la bienvenida a las y los participantes. Explicó que entre 1968 y 1985, Uruguay atravesó un período de quiebre institucional acompañado de represión estatal sistemática, «miles de personas fueron detenidas, desaparecidas, torturadas y encarceladas por motivos políticos. Dentro de ese universo, la experiencia de las mujeres presentó rasgos propios que durante décadas permanecieron en los márgenes del trato público. Muchas fueron sometidas a tortura y a violencia sexual, desnudez forzada, amenazas dirigidas a sus hijos y a vínculos familiares y otras prácticas que tomaron el cuerpo, la sexual y la maternidad como territorio específico del castigo».
Estos no fueron hechos aislados sino que se trató de un patrón ejercido sobre ellas en tanto mujeres y militantes, explicó la docente, «ese componente de género fue durante mucho tiempo uno de los más silenciados de la memoria de la dictadura». La Udelar viene acompañando la lucha de un grupo de ex presas políticas que en 2011 denunciaron ante la justicia penal las torturas y violencia sexual que padecieron durante su encarcelamiento, informó Meza. En este marco, se convocó a esta mesa de intercambio con el fin de contribuir a una comprensión más amplia del carácter de género de la represión y de su lugar aún pendiente en la justicia transicional uruguaya.
Días sin dignidad
El rector de la Udelar, Héctor Cancela, agradeció la invitación a esta actividad en torno a un tema que «nos tiene que seguir conmoviendo». Señaló que durante el período mencionado, Uruguay llegó a ser el país con más presos y presas políticas per cápita y, a las torturas generalizadas contra estas personas, se sumó la violencia sexual como un componente represivo específico dirigido contra las mujeres y disidencias.
Destacó que las ex presas políticas uruguayas marcaron una línea de vanguardia con sus publicaciones en relación a estas experiencias. Lo hicieron colectiva y «feministamente», expresó, reuniéndose, discutiendo, debatiendo, «recordando de manera horizontal para poder construir sus memorias para armar». De la misma forma decidieron llevar ante la justicia nacional e internacional una denuncia grupal por violencia sexual como una forma de tortura aplicada en forma sistemática por los represores.
«Sabemos que en nuestro país queda mucho para hacer. Desde la Universidad de la República, a través de la docencia, la investigación, la extensión, estamos en esta lucha por memoria, verdad, justicia y reparación», afirmó el rector. Ayudar a visualizar estos pendientes se vuelve cada día más necesario porque «cada día sin justicia es un día con menos dignidad. Queremos seguir estimulando y profundizando una escucha atenta con la comunidad para construir una sociedad más justa e igualitaria», concluyó.
Violencia de ayer y de hoy
Mariana Achugar, coordinadora de la Cátedra UNESCO de DDHH, se refirió al acompañamiento que se realiza desde la Udelar a las ex presas políticas en sus procesos judiciales. Comentó que este se lleva adelante «con una mirada que trasciende las funciones universitarias» y agregó que esta mesa de intercambio «simboliza también este acumulado a lo largo de los años de un compromiso personal, pero también institucional» con ese colectivo.
Recordó que en 2021 se realizó en la Udelar una audiencia pública, también auspiciada por CEJIL y la Cátedra UNESCO de DDHH, en la que las ex presas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su caso, porque la justicia ha sido muy lenta en Uruguay para tratar esta temática.
«El tema que nos convoca hoy no es solo un tema de pasado o reparación a unas víctimas concretas, a un colectivo o a gente que sufrió la violencia de género como forma de represión durante la dictadura. Es un tema que también tiene que ver con la defensa de los derechos humanos hoy», afirmó Achugar. La violencia de género se ha naturalizado, nos acompaña actualmente y en esto, el caso de las ex presas políticas es central «porque es el mismo Estado el que ejerció la violencia de género. Entonces, cuando la máxima autoridad es la que vulnera derechos y no hay ninguna rendición de cuentas, ¿cómo podemos esperar que el resto de la población piense que esto no es aceptable?», planteó. Es importante que el Estado se haga cargo de sus acciones para marcar los cambios culturales que se necesitan, remarcó.
Doble castigo
Silvia Sena, ex presa política, informó sobre la marcha de la denuncia penal por abuso sexual y torturas durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay, presentada por su colectivo en 2011. «Las denunciantes pertenecíamos a diferentes organizaciones políticas y gremiales y habíamos sido detenidas entre 1972 y 1983, en diferentes lugares de todo el país por integrantes de la policía política y por militares de todas las armas», explicó.
En 1986 se promulgó la Ley de Impunidad de nuestro país, lo que les impidió denunciar, investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura y dejó paralizadas todas las causas iniciadas. En 2010, varias de las ex presas políticas se convocaron para una reunión donde vieron la posibilidad de realizar una denuncia penal conjunta de género, específica por abuso sexual, al amparo de normas internacionales suscritas por nuestro país, explicó Sena. Agregó que cuando los delitos sexuales son sistemáticos y continuos, se configuran como delitos de lesa humanidad.
«Sobre el abuso sexual a las prisioneras políticas hubo un silencio colectivo. No se hablaba del tema, lo que nos dejaba en una situación aún más vergonzante. Nunca habíamos podido hablar ni con nuestras madres, ni con nuestras parejas, ni con nuestros amigos. Las mujeres habíamos roto con el rol que nos habían asignado de madres y esposas y por eso, para ellos nos merecíamos un doble castigo. La violencia sexual fue un instrumento que no se implementó solo para obtener información, sino sobre todo para degradar, humillar y denigrar las mujeres por su doble condición de transgresoras y militantes», explicó Sena.
Para este grupo de mujeres, hablar y denunciar implicó reconocerse como víctimas pero a la vez, «abandonar la posición de humillación, culpa, vergüenza e impotencia», puntualizó. En 2011 en nuestro país se aprobó la ley 18.831, de restitución de la pretensión punitiva del Estado, lo que abrió la oportunidad de que los responsables fueran juzgados, por lo cual presentaron su denuncia a nivel nacional: «denunciamos a 108 victimarios civiles y militares que actuaron en 20 centros de detención, muchos de ellos clandestinos, localizados en todo el territorio de nuestro país desde 1972 hasta 1983» . La defensa de las ex presas en este proceso ha fundamentado que de los hechos denunciados se desprende «el ensañamiento de los agentes de la represión por su condición de mujeres, reafirmando su poder institucional y reproduciendo las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres», indicó Sena.
Justicia y reparación
Por su parte, Lucía Arzuaga, también ex presa política, detalló avances y dificultades en este proceso ante la justicia, que incluyó pericias psiquiátricas, instancias revictimizantes y dilatorias por iniciativa de los denunciados. «Salvo algunas excepciones, no fueron conducidos a declarar ni aún los denunciados que ya se encontraban presos», relató, y a casi 15 años de la de la anulación de la ley de impunidad y de la presentación de la denuncia, «no hemos obtenido reparación integral por parte del Estado».
Informó que de los 108 denunciados, hay dos condenados en 2022 y con sentencia firme de la Suprema Corte desde febrero de 2024. Además, «hay seis personas procesadas con prisión, cinco de ellos con arresto domiciliario. Cuatro de estos seis fueron procesados en el 2025». Está en curso una solicitud de procesamiento de una persona que se encuentra prófuga y se libró orden de detención, agregó.
Respecto a la reparación a las víctimas, «creemos que esta constituye un imperativo ético irrenunciable y esto solo es posible cuando se da una respuesta desde la justicia y se generan políticas públicas asumidas por el Estado en su conjunto. No han habido reparaciones simbólicas, pedidos de perdón, declaraciones públicas ni reconocimientos», expresó Arzuaga, «a diario vemos cómo los grandes medios de prensa dan una sola versión de los hechos justificando lo que pasó. Hemos tenido que oír a presidentes diciendo que no le gustan los viejos presos y en los últimos años algunos legisladores llaman presos políticos a los torturadores, asesinos, violadores y ladrones de niños y piden para ellos prisión domiciliaria como si los delitos que cometieron no fueran delitos de lesa humanidad». Esto pone de manifiesto «la voluntad de olvidar, la voluntad de disimular, pero para que la verdad pueda sanar heridas, tiene que dar lugar a la justicia», afirmó.
Posteriormente, participaron de este intercambio Graciela Sapriza, historiadora y docente libre de la Udelar; Gabriela Fried, docente de la Facultad de Psicología; Johanna González, abogada integrante de CEJIL; y Camila Vallejo, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
