|
|
Discapacidad en la Udelar: decisiones políticas y estructurales
A comienzos de este año Red Temática de Discapacidad (Retedis) presentó un informe sobre el trabajo realizado por el grupo durante el período 2021-2022. Al respecto el Portal de la Udelar dialogó con Lilián González (delegada por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio) y Serrana Martínez (delegada por Facultad de Química), que fueron coordinadoras de la red durante estos años.
González explicó que la Red, creada en 2008, «es un espacio abierto a todas las personas interesadas en los temas de discapacidad y a las que su servicio apruebe designar como delegado o delegada. Tiene una conformación súper diversa, hay docentes de distintas facultades o equipos académicos, hay integrantes del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo con perfil vinculado a la accesibilidad, del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario (SCIBU), de las comisiones sectoriales de Enseñanza y de Extensión y de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza». Para Martínez «sería ideal que participe un representante por servicio porque cada uno tiene realidades específicas. Algunos tienen espacios sobre discapacidad funcionando y otros no, es bueno generar un intercambio y fomentar que en todos empiece a haber lugares específicos para la atención a estos temas».
La red articula con la Comisión Central de Inclusión y Discapacidad -cogobernada y asesora del Consejo Directivo Central-, con la que actualmente trabaja en conjunto para elaborar el Protocolo de actuación para una Udelar inclusiva. Este documento se propone como «una hoja de ruta donde podamos encontrar las definiciones a las que adherimos como Universidad para pensar estos temas y una guía sobre cómo proceder si en mi clase o lugar de trabajo tengo un estudiante, un trabajador TAS o docente en situación de discapacidad. Estamos en un contexto de oportunidad con este protocolo, que ya está bastante avanzado», plantearon.
«En accesibilidad e inclusión se pueden hacer muchas cosas que no tienen que ver con el presupuesto», afirmaron. Como la Red es un espacio académico, varias de sus actividades en estos años fueron en esa línea: entre ellas mencionaron la formación de docentes para diversificar sus prácticas de enseñanza y la activación de sinergias con la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos.
En el mismo período el SCIBU (ex Servicio Central de Bienestar Universitario) se transformó y está aportando «la bajada práctica de las políticas sobre discapacidad», por ejemplo con un servicio de lengua de señas, agregaron. Además se creó la Secretaría de Comunidad Universitaria, que vincula a todas las redes y comisiones centrales que dependen del Prorrectorado de Gestión y constituye «un espacio propicio para realizar cruces temáticos en instancias como lo que ensayamos el año pasado: un conversatorio sobre discapacidad y género».
Foco en los entornos
Respecto a la cantidad de estudiantes en situación de discapacidad en la Udelar, González indicó que «como Red nos inquieta no tener datos concretos; hay mucho subregistro, sobre todo al momento de la inscripción porque cuando los estudiantes llenan el formulario estadístico continuo FormA, ya hay personas en situación de discapacidad que decidieron abandonar por falta de acceso y esta información se pierde». Los datos del formulario quedan procesados varios meses después, mientras que cada Unidad de Apoyo al Estudiante necesita saber si hay inscriptos en esta situación para informar a los docentes, explicó. «En 2022 empezamos a trabajar con las facultades para conocer más sobre cómo obtener la información en un tiempo más acotado y sobre cómo se pregunta. Esta línea de acción está a medio camino pero tenemos claro que hay que investigar y trabajar respecto a los datos mínimos que se deben preguntar y que puedan ser comunes, para analizarlos». Martínez acotó que «hay servicios que generaron formularios específicos porque hay interés de conocer las necesidades del estudiante antes de que ingrese pero no hay nada unificado. Muchas veces es necesario revisar la forma de la redacción de la pregunta o solicitar que se agregue información específica que refleje lo que realmente se requiere saber».
Frente al objetivo de una Udelar inclusiva «el foco debe ser en los entornos y no en la persona: en qué decisiones tenemos que tomar para recibir a la mayor cantidad de población, más allá del número de personas en situación de discapacidad que llegan a la Udelar, la pregunta fundamental es cuáles son los apoyos que necesitan», afirmó González. Es importante conocer si necesitan adaptación de materiales, intérprete de lengua de señas, disposiciones espaciales para que puedan circular de forma autónoma y segura o si usan ayudas técnicas, indicó, «son estas las preguntas que darán insumos para accionar y reaccionar a tiempo porque si no somos rápidos a la hora de tomar algunas decisiones, la persona queda afuera, no puede participar. Un estudiante sordo sin intérprete no va a poder cursar y tal vez ni realizar un trámite de inscripción», remarcó.
En esta línea subrayó la importancia de pensar la comunicación accesible: «más allá de lo edilicio que es determinante, también es necesario pensar la comunicación como esa llave en la Universidad, para lo que sea, desde el primer momento». Martinez agregó que «por más que haya buena voluntad e interés por parte de los funcionarios y docentes muchas veces no saben qué hacer o dónde ir a buscar la información», explicó, no hay suficientes personas formadas en discapacidad y por eso la Red busca abrir más espacios de capacitación en esta temática.
González explicó que, según autores especialistas en el tema, «para que haya educación inclusiva debe haber decisiones políticas y estructurales a nivel de prácticas y de conceptos. Si sólo existe la decisión política y no hay una bajada a la práctica, no hay educación inclusiva. Desde esta sinergia trabajamos en la Red y por eso hay un momento oportuno para crear un instrumento político de consenso como el protocolo que se está elaborando», puntualizó. En su opinión «es una responsabilidad de todos que el estudiante en situación de discapacidad deje de asistir a la Universidad; no se puede seguir colocando la dificultad en la persona si son los entornos los que no están habilitando la participación para que la persona haga uso de su derecho a la educación».
Nos sirve a todos
González relató que en la Facultad de Química se creó un grupo de trabajo ante la inscripción de una estudiante que utiliza silla de ruedas: «en las primeras charlas en el Consejo se decía que no iba a poder y sin embargo, la estudiante pudo cursar. Al año siguiente vino una chica con falta de movilidad que escribía con la boca; hubo muchas discusiones en el Consejo y otros espacios de la Facultad pero ahora las visiones cambiaron radicalmente y se pone sobre la mesa que hay que estar preparados como institución y buscarle la vuelta. Se crearon instrumentos para que esta estudiante manipule sola los elementos de laboratorio, también gracias a ella que derribó barreras». Otro de los proyectos que se llevan adelante en esta Facultad es la elaboración de un glosario con términos específicos de química en lengua de señas, relató, «el grupo de trabajo tradujo las definiciones a lenguaje sencillo para que después se pudieran traducir a lengua de señas. A partir de esto quedó en evidencia que esto le sirve a todos los estudiantes ya que quedó en un lenguaje más accesible a todas las personas».
En un ideal de educación inclusiva «el objetivo es que no tenga que existir un protocolo sino una mirada sobre este tema, que para la Red es una mirada social y no desde la salud. Hasta hace no muchos años todo lo relativo a discapacidad estaba asociado a la salud», afirmó González. «Si a nivel conceptual no hay una apertura genuina para poder transformarse como institución, no hay cambio posible, porque puede haber presupuesto pero no hay voluntad», planteó, «las barreras están dadas tal vez por decisiones que surgen por no priorizar, no atender o no animarse a crear porque hay mucho de lo creativo en educación inclusiva». Agregó que «la batalla que se quiere dar es desde lo focalizado y lo que es para todos y todas, porque tomarnos un tiempo para escanear un documento pdf para que pueda ser leído con lector de pantalla es hacerlo accesible para todas las personas. A veces es hacer sólo un movimiento, tener la información de cómo hacerlo y tomar la decisión para que algo tenga un alcance más amplio. Por ejemplo, si una Facultad ya tomó como decisión institucional cambiar su página web, puede incluir un menú de accesibilidad. También los subtítulos en los videos que no sólo son para las personas sordas sino que sirven para todas las personas. Hay cosas que requieren mayores inversiones como lo edilicio, pero esa rampa o esa baranda no es sólo para quien va en silla de ruedas sino que puede ser para la persona que va con un carrito con un bebé».
Las docentes valoraron que para el crecimiento de la inclusión en la Universidad «son importantes los espacios centrales y la toma de decisiones que sean para todos iguales, sin ignorar que existen experiencias particulares muy valiosas en cada Facultad o servicio. Hay recorridos súper interesantes y hay una retroalimentación entre los servicios y los ámbitos centrales. Hoy el emblema es Facultad de Química y en su momento fueron las de Psicología y Ciencia Sociales que hace muchos años que trabajan con discapacidades, tienen cosas saldadas, son instituciones amigables y tienen la mayor población de personas en situación de discapacidad. La gente ya sabe que puede y se anota en esas carreras».
Estar preparados
González opinó que en la Udelar «aún estamos en un nivel de desconocimiento sobre algunas básicas de la accesibilidad» y que la Red como espacio de referencia temática puede generar mayor cantidad de eventos de formación para que ciertas personas empiecen a pensar en esta clave. «Si no surge un caso emblemático de situación de discapacidad o nadie presenta un problema, hay cosas que no se dimensionan y no se activan a nivel de planificación». No hay tantos estudiantes con discapacidad en la Udelar, expresó, «pero ¿por qué? ¿Qué tan preparados estamos para que lleguen? ¿Ponemos foco en esto en la difusión de nuestras inscripciones? Podríamos por ejemplo difundir cuáles son todos los servicios que cuentan con condiciones de accesibilidad, como información relevante a difundir igual que otras», remarcó.
Igualmente las docentes valoraron los avances en la Universidad en cuanto a la inclusión de más estudiantes en los últimos años. Martínez explicó que dada la normativa nacional sobre la accesibilidad de los edificios públicos, se creó una línea de financiación específica que ha permitido adecuar el acceso a varios locales universitarios, aunque no todos cuentan con adaptaciones en el interior. Otro logro es la creación de espacios de trabajo a la interna de cada servicio, ya sean comisiones, algunas cogobernadas, grupos o recursos humanos específicos, «estos espacios son los que mueven a la interna», señaló González. «La transformación del SCIBU y la política de becas también es un logro», agregó; además es notorio el crecimiento de estudiantes que realizan su trabajo final de grado o tesis de posgrado sobre discapacidad: «cada vez más se acercan a la Red para pedir una entrevista o asesoramiento, hay un interés creciente sobre el tema y es un campo de problemas con interés de desarrollo profesional».
Problemas comunes
Las docentes comentaron que la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un espacio que permite conocer otras realidades y lecciones aprendidas. En este marco se plantea crear un observatorio y un repositorio a nivel regional donde sistematizar la información de tesis y trabajos académicos sobre discapacidad, así como convenios de las universidades respecto a estos temas, comentó González. «En esta red tenemos espacios articuladores y hasta catárticos donde compartir los problemas y buscar soluciones en conjunto, el observatorio es una síntesis de eso. Tenemos las mismas dificultades que el resto de las universidades latinoamericanas, por ejemplo el desafío de atender al estudiante en situación de discapacidad en tiempo y forma al momento del ingreso y de contar rápidamente con información sobre estas personas. El abandono en el transcurso de la carrera aparece como otro desafío compartido, como también la formación docente y del funcionariado. Otro punto en común es el dinamismo en cuanto a las configuraciones presupuestales, a cómo las universidades tienen empujes y retrocesos en función de los gobiernos». En este espacio regional se promueven conversatorios temáticos, por ejemplo sobre procesos de evaluación institucional, «creemos que en la acreditación de carreras es importante que se tenga en cuenta cómo las universidades están preparadas para recibir a la diversidad», comentaron. Otro evento se enfocó en el rol del intérprete de lengua de señas en las aulas universitarias.
Respecto a la evolución de las políticas públicas sobre discapacidad en nuestro país, indicaron que «hubo movimientos», la rectoría de estas políticas pasó del MSP al Ministerio de Desarrollo Social y se constituyó la Secretaría nacional de discapacidad y cuidados. «Nosotros no estamos de acuerdo con esa fusión porque volvemos a una historia en que se consideraba que discapacidad y dependencia eran lo mismo, sin tener en cuenta que muchas personas con discapacidad son autónomas». En 2016 Naciones Unidas recomendó a Uruguay revisar la configuración de esta rectoría, señalando que debería ser supra ministerial y articular con todos los ministerios «porque la vida de la persona no es el desarrollo social, es la vivienda, es la educación, la salud, el trabajo», apuntaron. Además, nuestro país no cuenta con un Consejo nacional de discapacidad, «no hay sociedad civil organizada como un órgano que articule con el Estado en forma directa, hay organizaciones pero están desagregadas y todo esto incide en la política pública», indicaron.
Retedis «está atenta al panorama de las políticas públicas intentando como Universidad ser parte de esa construcción de políticas, generando espacios para formar, para investigar y para establecer redes más extensionistas con el Estado y la sociedad civil, otro actor que también debería construir esas políticas públicas», plantearon.
Actualmente Retedis está conformada con delegados y delegadas de las Facultades de Información y Comunicación; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Química; Ciencias Sociales; Ciencias Económicas y de Administración; Derecho; Ingeniería y Psicología; el Instituto Superior de Educación Física, el SCIBU, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.