Se realizó intercambio sobre el trabajo universitario en privación de libertad

El presidente de la AGC, Gerardo Iglesias, dio la bienvenida a la actividad y comentó que la Udelar cumple una década de trabajo con estudiantes privados de libertad (EPL), con experiencias positivas, dificultades y desafíos, por lo que se invitó a instituciones hermanas cercanas a compartir «una mirada complementaria» sobre este trabajo. 

En la instancia, que se transmitió por el canal de Youtube de la Udelar, participaron la directora de la Unidad de Estudios en privación de libertad de la Udelar, Gabriela Rodriguez, y su coordinadora académica, Gabriela Pasturino. 

También expusieron Analía Umpierrez, quien ha sido coordinadora del Programa Universidad en la Cárcel de la Secretaría de Extensión de de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y del Programa de Educación en contextos de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad; Santiago Lamboglia, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y director de Acompañamiento Universitario en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y Cynthia Bustelo, coordinadora general de las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Programa para el Desarrollo de estudios superiores en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. 

En su intervención, Bustelo explicó que su Facultad tiene 20 años de trabajo sostenido en contextos de encierro en el marco del Programa UBA XXII, por el que funcionan tres centros universitarios ubicados en establecimientos penitenciarios de Buenos Aires desde hace cuatro décadas. Allí se ofrecen siete carreras universitarias y un conjunto de talleres y programas de extensión, donde las Facultades tienen diversos grados de participación, informó. Agregó que actualmente, hay más de 30 universidades argentinas en cárceles correspondientes a distintos sistemas penitenciarios -Federal, Bonaerense y provinciales-. 

Desde su Facultad, la intervención en los centros no se limita a dictar carreras sino que «se hace investigación con base en la extensión», señaló; la «columna vertebral» de este trabajo es un grupo de talleres socioculturales que se ofrecen a todas las personas alojadas en las cárceles, no solamente a estudiantes universitarios. Estos talleres abarcan temas diversos como radio, música, narrativa, derechos laborales y gestión sociocultural; en todos se intenta poner fuerte énfasis en la escritura, explicó, sostén fundamental para «poder contar y decir para el afuera» y, de este modo, para que estas personas puedan pensarse como sujetos de derecho. La Facultad ha apoyado la publicación de libros de autoras y autores privados de libertad, agregó. Sostuvo que es importante que se acerquen estudiantes que no son universitarios para que puedan motivarse y continuar con su formación en enseñanza primaria o secundaria.

Saber territorial

Bustelo indicó que en los centros universitarios penitenciarios «la experiencia educativa deriva o promueve la organización colectiva. Entonces, hay muchas experiencias de autogestión»; por ejemplo, se han formado colectivos radiales, editoriales y grupos de estudiantes avanzados o graduados en derecho que ofrecen asesoría jurídica solidaria. En su avance, la experiencia de la UBA en cárceles fue incorporando apoyos a quienes salen en libertad, ya que es un período donde la continuidad educativa se ve resentida, agregó. 

Entre los desafíos que implica este trabajo, mencionó el campo de las tensiones «entre una institución democrática y una institución represiva», entre las lógicas de punir y educar, que además varían según cambian las autoridades penitenciarias. Resaltó como clave la participación de EPL referentes «que funcionan como motor de inspiración», ocupando un espacio similar al de las y los tutores pares de la Udelar. «Trabajamos articuladamente produciendo esa comunidad académica, política y afectiva que se sostiene casi únicamente porque existen estas personas de referencia», que van pasando, pero a la vez «se va pasando ese saber territorial bien específico de cómo producir educación y cómo a través de la educación podemos sobrevivir en el encierro punitivo».

Lamboglia, por su parte, comentó que el trabajo sistemático de la UNLP dentro de las cárceles comenzó en 2006, si bien previamente algunos estudiantes realizaron gestiones para cursar en la universidad. «Este es un rasgo bastante compartido entre las distintas experiencias de nuestras universidades», en general, las experiencias aisladas dan lugar a programas que intentan ofrecer un marco de funcionamiento, se institucionalizan y producen cambios, indicó.

Pensarse a sí misma

La UNLP trabaja en seis cárceles de la provincia de Buenos Aires -el mayor sistema penitenciario de Argentina-, en centros universitarios donde realizan sus carreras 100 estudiantes activos, si bien hay más de 500 inscriptos. Desde la pandemia estos números vienen creciendo, informó. Además, el programa acompaña a aproximadamente 200 estudiantes liberadas o liberados que continúan las trayectorias comenzadas en la cárcel.

De las 17 Facultades que integran la UNLP, solamente cuatro trabajan dentro de las unidades y ofrecen carreras en Derecho, Periodismo, Sociología, Historia y Enfermería, señaló. También llevan adelante diplomaturas de pregrado en temáticas orientadas a fortalecer comunidades y la formación de personas promotoras de derechos, así como cursos de la Escuela de Oficios de la UNLP, dirigidos a personas que están cerca de irse en libertad. En cuanto al trabajo con personas liberadas, explicó que apunta a su inserción en cooperativas de trabajo y también a fortalecer la continuidad educativa a través de distintas becas que ofrece la UNLP.

«Para nosotros, en algún sentido la experiencia de la universidad dentro de la cárcel sintetiza un poco la riqueza o la complejidad del trabajo universitario», expresó Lamboglia, porque es un territorio que requiere muchísimo de quienes van, de quienes estudian, de quienes piensan la cárcel y de los que trabajan allí. No solamente implica el esfuerzo de pensar lo que se hace, sino también un esfuerzo en sentido administrativo y en definitiva, «puede contribuir a la forma en que la universidad se piensa a sí misma y al trabajo en contextos sociales vulnerables», planteó.

Circular el conocimiento

Umpierrez, en tanto, explicó en primer lugar que su universidad se ubica a 400 km de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con sedes dispersas en el territorio, lo que agrega dificultades al desarrollo de su programa en cárceles, entre estas, que «la gente cuando sale libre se va y la perdemos». Puntualizó que, si bien el gobierno de la provincia fomenta la presencia de la universidad en su sistema penitenciario, la vida dentro de la cárcel se ha endurecido debido al volumen de su población y a las capacidades existentes. También comentó que la UNICEN no cuenta con una política centralizada fuerte para llevar adelante este trabajo, sino que las distintas unidades académicas lo desarrollan por separado.

Sostuvo que los problemas prácticos que surgen al trabajar en privación de libertad «generan investigación». Agregó que «la producción de conocimiento necesita circular, necesita encontrar vías para promover incluso que la propia universidad revise los modos en que valida nuestras propias investigaciones, que reconozca que este tipo de producción de conocimiento es científico». «Tenemos que generar de esto un movimiento hacia adentro de la academia», afirmó, porque cuando la universidad entra a la cárcel, también se ve impactada. 

A continuación, Rodríguez y Pasturino comentaron los detalles de la experiencia de la Udelar en el trabajo con estudiantes en privación de libertad y posteriormente, se generó un rico intercambio en el que participaron estudiantes que fueron parte del programa durante su reclusión, así como también docentes, tutores y tutoras pares. 

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