«EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2021, ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
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Ante la grave situación planteada en México debido a las acusaciones y pedido de procesamiento penal que recae sobre 31 científicas y científicos y funcionarias y funcionarios, la Universidad de la República desea informar y expresar su preocupación, manteniéndose atenta al desenlace judicial y solidarizándose con quienes integraron entre 2013 y 2019 las instancias de conducción del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el CONACyT.
Las desmedidas acusaciones de la Fiscalía General de México (FGR) contra las personas involucradas por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada así como el pedido de detención y remisión de los acusados a un penal de máxima seguridad desconocen las decisiones de un juez Federal que, en dos ocasiones anteriores, no encontró méritos suficientes para proceder penalmente ante la denuncia presentada por la actual directora general del CONACyT y que fue procesada por la FGR.
Asimismo, la criminalización del accionar de los académicos equiparado al de las mafias delictivas que asolan nuestro continente promueve ante la opinión pública internacional y el tratamiento mediático del caso un desmerecimiento del papel de la ciencia y la cultura en general, una asociación directa entre corrupción y academia en la orientación de fondos públicos así como el desconocimiento del desempeño autónomo de los científicos en instituciones a las que son convocados, precisamente, en su calidad de especialistas y con la finalidad de asesorar a las autoridades a la vez que fomentar y promover el desarrollo de las ciencias y la cultura asignando los recursos presupuesta/es disponibles legalmente para el logro de tales fines.
Al mismo tiempo, parece retrocederse en el intento por diseñar políticas de interés general mediante el procedimiento de convocar a la participación activa de distintos actores, no solamente los representantes de la ciencia, la tecnología y la innovación, sino también a aquellos provenientes de los sectores productivos y empresariales, de trabajadores y comunidades campesinas e indígenas, respetando en esos procesos colectivos la pluralidad de ideas, enfoques y tradiciones así como nutriéndose de las distintas vertientes que generan el conocimiento científico, letrado y tradicional.
La Universidad de la República defiende el uso responsable de los recursos públicos asignados en el presupuesto universitario y la rendición de cuentas periódica de los mismos así como participa activamente con sus representantes designados por el Consejo Directivo Central en todas las instituciones estatales de ciencia, tecnología e investigación y ámbitos de articulación en materia de educación que determina la ley o en los que es convocada por las autoridades nacionales, guiándose por la defensa del interés general. Lo demostrado en el marco de la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia, la estrecha cooperación entre el conocimiento y la política, nos ha permitido avanzar como país en un clima de diálogo ciudadano y libertad de pensamiento que consolida nuestro sistema democrático de gobierno y el Estado de derecho.
Abogamos para que en nuestra hermana República de México prime el respeto y las garantías del debido proceso y que el mismo concluya finalmente con el desistimiento de las acusaciones penales contra las y los colegas incriminados. (17 en 17)”.